La Diputación de Alicante impulsa una jornada formativa sobre protección de datos en la administración local
La Diputación de Alicante y la Fundación Democracia y Gobierno Local celebrarán el próximo martes 12 de noviembre en el MARQ una jornada formativa sobre la protección de datos con la que se pretende informar a cargos políticos y trabajadores municipales de las novedades de la nueva Ley Orgánica que regula esta materia y que entró en vigor el pasado 5 de diciembre.
El portavoz de gobierno y diputado de Innovación y Agenda Digital, Adrián Ballester, ha destacado que “desde la Diputación de Alicante queremos ofrecer y facilitar a los ayuntamientos de la provincia todos los conocimientos y herramientas necesarias para que puedan cumplir la normativa existente, teniendo en cuenta el elevado número de datos de carácter personal que tratan”.
La jornada arrancará a las 09.15 horas y contará con la participación de expertos en protección de datos y garantía de los derechos digitales. En este sentido, el jefe del Área de Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, Manuel Villaseca, será el encargado de explicar las obligaciones de las entidades locales como responsables del tratamiento, que incluyen, entre otras, la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPD), y la atención a los derechos de los interesados, haciendo especial referencia a los tratamientos que se realizan en los ayuntamientos como los datos del padrón o de los plenos municipales.
Por otra parte, la directora técnica de Datalawyers, Eva Rivera, ofrecerá la charla “Protección de datos y medidas de seguridad en la Administración Local”, mientras que el DPD de la Diputación de Valencia, Eusebio Moya, expondrá las experiencias llevadas a cabo en la aplicación de esta normativa en la institución provincial valenciana.
El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos y el Proyecto Unión Europa-T4DATA, está dirigido a alcaldes, concejales, diputados provinciales, secretarios, interventores, directores de asesorías jurídicas, letrados de gobiernos y administraciones locales, otros funcionarios, profesores y cualquier persona interesada.
